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Martes, 10 de diciembre de 2019

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Viernes, 12 de Mayo de 2017

La patronal textil Texfor y las organizaciones empresariales Cecot, FEM, FOEG y UPM acusan al Gobierno de penalizar a la industria en Cataluña

● El acuerdo PP-PNV incluye un cambio de tarifa energética en las líneas de distribución de tensión entre 30 y 36 kV que mantiene un sobrecoste estimado de 200 M de euros anuales para las empresas industriales catalanas.
● El pacto alcanzado deja fuera a las 3.277 empresas en Cataluña que, mediante la plataforma kV25/30, reivindicaban un cambio normativo para eliminar la discriminación tarifaria eléctrica que afectaba a un total de 5.800 compañías a nivel de todo el territorio.
● Las organizaciones empresariales consideran que la decisión es únicamente de carácter político, que afecta a la competitividad de las empresas y atenta directamente contra la unidad de mercado, tan reclamada por parte de las fuerzas políticas en el Congreso.

La patronal Cecot, la Federació Empresarial del Metall, la Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona, Texfor-Confederación de la Industria Textil y la Unió Patronal Metal·lúrgica han hecho llegar por escrito al presidente del Gobierno y a los ministros de Industria, de Energía y de Economía su más rotundo desacuerdo por excluir de la reforma de los peajes en las líneas de distribución de tensión a las empresas que están en 25 kV de tensión sin ninguna razón técnica u objetiva para ello. Las organizaciones empresariales catalanas únicamente advierten criterios políticos en una decisión que tiene un importante impacto sobre la competitividad de la industria catalana y atenta contra la tan reivindicada unidad de mercado por parte de las fuerzas políticas representadas en el Congreso.

En el acuerdo alcanzado entre PP y PNV para los Presupuestos del Estado, el Gobierno se compromete a englobar las tensiones de 30 a 36 kW en la tarifa 6.2 a partir del 2018 conllevando que prioritariamente las empresas ubicadas en Andalucía, País Vasco, Navarra, Castilla y León, Cantabria o Asturias puedan beneficiarse de la reducción de tarifa energética equiparándose a las empresas ubicadas en comunidades como Madrid. Una equiparación que ha sido motivo de constante reivindicación por parte de organizaciones empresariales de distintas comunidades autónomas a través de la plataforma kV25/30.

La decisión de no englobar en el acuerdo a las empresas que están en redes de 25kV mantendrá el sobrecoste aproximado de 200 M de euros al año para las 3.277 empresas catalanas sin que éste responda a criterios técnicos, ni de eficiencia de la red, sino a criterios políticos. Con esta decisión el Gobierno vuelve a penalizar a la industria catalana que se ha repuesto del período de crisis, ha sabido adaptarse a los cambios del contexto económico y a día de hoy lidera el volumen de exportaciones españolas.

Sobre la Plataforma kV25/30 contra la discriminación tarifaria eléctrica
El pasado 28 de febrero los responsables de la Plataforma energética kV25/30 comparecieron en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Senado para explicar la discriminación tarifaria por la que se ven afectadas 5.800 empresas del territorio nacional, empresas consumidoras de energía en Alta Tensión, discriminación que supone un sobrecoste de 350 millones de euros anuales.

Fruto de la incoherencia regulatoria distintas asociaciones empresariales como SEA, Grupo ASE, FEAF, Cecot y entidades como Desarrollo Protección Ambientas, Metro Bilbao y Transportes Metropolitanos de Barcelona, nació en el 2016 la plataforma kV25/30 con el objetivo de defender los intereses de casi 6.000 empresas, que exigen un cambio regulatorio que les permita ubicarse en la tarifa eléctrica que les corresponde, evitando así un sobrecoste.

Incoherencia regulatoria
Tal y como se expuso ante la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Senado, el encuadramiento de estas 5.800 compañías en un tramo que no les corresponde es una incoherencia regulatoria que supone una arbitrariedad que origina inseguridad jurídica, discriminación y en definitiva un sobrecoste para las empresas afectadas por este problema.

El problema que viene arrastrándose desde el año 2008 cuando se modifica el “Reglamento de Líneas”; y las redes de 25 y de 30 kV, clasificadas de 2ª categoría, y que pasan a pagar como de 3ª categoría, tiene para los responsables de la kV25/30 una solución fácil que pasa por un cambio de normativa, de tal modo que las redes de 25 y 30 kV se trasladen al nivel de tensión de 2 de la “tarifa”, en concreto a la tarifa 6.2.

Exceptuando las empresas ubicadas en zonas con redes de entre 30 y 36 kV como Andalucía, País Vasco, Navarra, Castilla y León, Cantabria o Asturias mayoritariamente, el resto de empresas en Alta Tensión están en redes de 25 kV, con lo que el acuerdo alcanzado comporta que un elevado porcentaje de empresas afectadas por la discriminación eléctrica sigan con sobrecostes que apuntan a la línea de flotación de la mayoría de ellas, disminuyendo su capacidad competitiva. La mayor parte de estas compañías están ubicadas en la zona de Cataluña.

Esta medida rompe, de manera evidente, con la unidad de mercado que tan insistentemente reclama el mundo económico y las fuerzas políticas en el Congreso.

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